El pasado 21 de marzo, Telecinco emitía dos capítulos de un documental en el cual Rocío Carrasco confesaba una vida llena de maltratos por parte de su expareja, el también popular Antonio David Flores. Al margen de la gravedad del caso de violencia machista que se relataba, el documental suscitó algunas dudas entre profesionales a nivel deontológico.
El periodismo debe cumplir una función social como garante del derecho a la información. Reconocido en el art. 20 de la Constitución. Sin periodismo no hay democracia pues por medio del periodismo se hace llegar a los ciudadanos la información con la que podrán conformar de manera libre su propia opinión sobre los asuntos públicos. En el ejercicio de su actividad profesional, los periodistas deberán, entre otras, confirmar que la información que publicada reúne los requisitos adecuados. Los distintos colectivos profesionales han ido avanzando en el desarrollo de unos códigos deontológicos que sirvan a los profesionales para realizar de manera ética su trabajo. Lo que conocemos como autorregulación que, como indica Ramentol (2021), es el mecanismo de autocontrol que permite que sea el propio sector el que adopte las medidas necesarias para llevar a cabo las previsiones legales y fije los mecanismos de eficacia y control.
A partir del caso propuesto y atendiendo a los recursos y los códigos deontológicos del Collegi de Periodistes de Catalunya y de la FAPE podemos encontrar diferentes principios deontológicos en riesgo. Unos subyacen en la historia que narra la protagonista del documental, Rocío Carrasco, y suceden o han venido sucediendo a lo largo de los años en España, incluso llegando a normalizarse por la ciudadanía; otros, aparecen con la emisión de estas piezas periodísticas y nos hacen plantearnos la situación actual del periodismo.
Parece que en el mundo de la información conocida como “rosa” las normas parecen relajarse. En el testimonio de Carrasco observamos cómo alega que son mentira algunas de las informaciones publicadas. Así, encontramos la difusión de conjeturas o rumores como hechos. También encontramos titulares que, sin duda, parecían redactados con el fin de causar descrédito o daño a su imagen.
No tenemos claro si aquellas publicaciones de los años 90 fueron pactadas pero sí hemos visto a Rocío Jurado responder que su hija era una niña y que, por favor, la dejaran en paz. Es decir que, además, aquellas publicaciones se hacían en base a informaciones de la vida de una, entonces, menor; aparentemente, sin el consentimiento de sus padres. Incluso, mediante teleobjetivos o cámaras ocultas, considerados medios de obtención de información poco dignos, sólo permisibles en casos justificados de interés público y cuando no pudiera ser posible la obtención por otros medios de cara a proteger el derecho a la información; no siendo este el caso.
Carrasco alega que en todos estos años sólo se ha tenido en cuenta una de las versiones. No sabemos bien si los medios, intencionadamente, lo han obviado o es que por cuestiones personales ella no lo ha hecho antes. Tomando como principio la búsqueda de la verdad, en todo caso, debe procurarse la participación de todas las partes implicadas.
Por último, tanto a lo largo de todos los episodios públicos de la vida de Rocío Carrasco como en el que actualmente nos ocupa, claramente se pone en tela de juicio la credibilidad e imparcialidad de periodistas y fuentes. La información parece, en casi todas las ocasiones, una mera transacción comercial en la que los protagonistas de la información la ofrecen a cambio de una remuneración económica. En los diferentes códigos deontológicos también se recoge como poco ético pagar a las fuentes para obtener información, llegando a ser considerado una práctica inadmisible cuando pueda poner en riesgo el principio de veracidad.
Nos encontramos, nuevamente, ante un debate público acerca de la credibilidad de periodistas y medios que, según Ramentol (2021), sólo los primeros con su ejercicio profesional pueden reparar y, añade la sentencia de Kovach y Rosenstiel (2012): «Si la situación cambia y el principio de lealtad hacia el ciudadano coge significado, entre ciudadanos y periodistas surgirá una nueva relación.»