La reciente polémica sobre las oposiciones en RTVE ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión alarmante: el creciente control político sobre los medios públicos. Según hemos podido leer en diferentes medios se están tomando decisiones que favorecen la asignación de plazas a periodistas afines al gobierno de turno, lo que compromete seriamente la independencia informativa de uno de los pilares de la comunicación pública en España.
Por un lado, se señala que en RTVE se estarían regalando «plazas a dedo», asegurándose así la fidelidad de los periodistas a quienes ostentan el poder. Por otro, se ha señalado que este proceso ha provocado incluso la cancelación de oposiciones ante las sospechas de manipulación, una práctica que mina los principios de igualdad y transparencia en el acceso a la función pública. Estas revelaciones nos llevan a una reflexión fundamental: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a permitir que el poder político utilice los medios públicos como herramientas de propaganda?
El problema no es nuevo, pero se ha agudizado en los últimos tiempos. Los medios de comunicación públicos, como RTVE, tienen la responsabilidad de ofrecer información objetiva y plural, libre de cualquier tipo de injerencia política. Sin embargo, la realidad que están desvelando estos medios demuestra lo contrario: parece que se busca colocar a periodistas leales al gobierno, personas que no cuestionen la línea oficial ni incomoden al poder.
Este tipo de prácticas no sólo son un atentado contra el derecho a la información veraz, sino que también suponen una grave falta de respeto hacia los profesionales del periodismo que acceden a sus puestos por mérito. La cancelación de oposiciones en RTVE debido a posibles irregularidades en el proceso selectivo es un ejemplo más de cómo el poder político está dispuesto a socavar los principios democráticos para consolidar su control sobre la narrativa mediática.
Si permitimos que los medios públicos se conviertan en un altavoz del gobierno, sin espacio para la crítica o la pluralidad, estamos cediendo uno de los baluartes fundamentales de una sociedad democrática. La información debe estar al servicio de los ciudadanos, no de los intereses de quienes gobiernan. Y lo que es aún más preocupante: este tipo de manipulación no se limita a un gobierno concreto. Ayer era uno, hoy es otro. De hecho, el de hoy parece estar dispuesto a cualquier cosa para que el control sobre los medios sea cada vez mayor, debilitando a una velocidad de vértigo la calidad democrática del país.
En una sociedad libre, los medios de comunicación deben ser independientes, imparciales y veraces. Los ciudadanos tienen derecho a recibir información objetiva, que les permita formarse una opinión crítica y bien fundamentada. Pero cuando los medios públicos son controlados por el poder, ese derecho se ve gravemente comprometido. El pluralismo informativo es sustituido por una narrativa única, alineada con los intereses de quienes gobiernan, y la libertad de prensa se convierte en una mera formalidad.
No podemos permitir que esto siga ocurriendo. El hecho de que se «regalen» plazas en RTVE o que se cancelen oposiciones, para favorecer a ciertos candidatos fieles, es un síntoma de un problema mucho mayor: el desprecio por los principios de mérito y capacidad en la administración pública y, sobre todo, la falta de respeto hacia la independencia periodística. Si queremos una democracia robusta, debemos exigir que los medios públicos sean realmente independientes, al servicio de todos, y no una extensión del poder político.
Es hora de actuar. El control político de los medios públicos no sólo es un disparate, es un peligro real para nuestra libertad y nuestros derechos como ciudadanos. RTVE, y todos los medios financiados con dinero público, deben estar comprometidos con la verdad, no con la propaganda. Es responsabilidad de la sociedad, y de todos nosotros, defender la independencia de los medios y proteger nuestra democracia de cualquier forma de manipulación. Solo así podremos garantizar un futuro en el que la información siga siendo un pilar fundamental de nuestra libertad.