Hoy en día, la prensa que, en teoría, debería ser el faro que ilumine la verdad, parece más interesada en seguir la línea marcada por los grandes poderes que en informar con rigor sobre uno de los principales problemas que enfrenta España: la inmigración ilegal masiva.
En este sentido, las recientes encuestas son claras: casi el 60% de los españoles considera que el número de inmigrantes en el país es excesivo. Sin embargo, esta inquietud apenas se refleja en los medios de comunicación, que, por el contrario, insisten en transmitir una visión distorsionada de la realidad.
Los datos hablan por sí mismos. Según el Instituto 40dB, el 41% de los españoles percibe la inmigración con «mucha inquietud», un aumento notable con respecto al año pasado. Además, el CIS ha señalado la inmigración como el principal problema para los ciudadanos. A pesar de ello, los grandes medios, alineados con los intereses de los partidos dominantes (PSOE y PP), siguen el discurso de que España necesita de esta inmigración para sostener el sistema de pensiones.
Pero, ¿qué nos dicen realmente las cifras? Sólo el 30% de los extranjeros residentes en España cotizan. Este dato, que debería generar un debate profundo y honesto, apenas se menciona.
Lo cierto es que la inmigración ilegal masiva supone una carga insostenible para los sistemas públicos. Desde la seguridad hasta la convivencia, pasando por la sanidad y la educación, los servicios públicos están al borde del colapso. Mientras tanto, otros países europeos como Francia, Suecia o Bélgica ya están sufriendo las consecuencias de una inmigración descontrolada, con niveles de inseguridad y fragmentación social alarmantes. ¿Acaso no es este el camino al que nos dirigimos?
El bipartidismo, con su red de medios satélites, ha instaurado un mantra: necesitamos inmigrantes para asegurar nuestras pensiones. Sin embargo, lo que no nos cuentan ni Sánchez ni Feijóo es quién se beneficia realmente de este sistema. Mientras cientos de miles de jóvenes españoles, formados y cualificados, se ven obligados a exiliarse, se fomenta la llegada de inmigrantes menos preparados y, en muchos casos, provenientes de culturas completamente incompatibles con la nuestra. Se ignora el impacto en la seguridad y la convivencia, como si estos factores no importaran.
Además, la reciente propuesta de regularizar a 700.000 inmigrantes ilegales por parte de socialistas y populares no es más que otra maniobra política que responde a intereses ajenos a los de los españoles.
La prensa, en lugar de cuestionar este tipo de medidas, las presenta como gestos de solidaridad. Pero, ¿y la solidaridad con los ciudadanos de este país? Los españoles no pueden acceder a una vivienda, ven sus sueldos estancados y la posibilidad de formar una familia cada vez más lejana. Mientras, los que vienen de fuera, asaltando nuestras fronteras, se jactan de cobrar un sueldo sin necesidad de trabajar.
La prensa, lamentablemente, ha dejado de cumplir su papel como vigilante del poder. Hoy, más que nunca, necesitamos un periodismo valiente, que ponga sobre la mesa los problemas reales de España, en lugar de ocultarlos o minimizarlos para satisfacer a sus patrocinadores políticos. Sólo así podremos tener un debate honesto y encontrar soluciones a la crisis migratoria que, sin duda, marcará el futuro de nuestro país.